Más para las EPS y menos para la gente

DR. SERGIO ISAZA 

El Ministerio de Salud y Protección Social prepara una resolución que reglamentará los “estándares, criterios y procedimientos para la habilitación del Prestador Primario de Servicios de Salud”, o sea la atención médica en los “ámbitos territoriales rurales”, como llama la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) a las áreas rurales desde Enero de 2016.

La norma establece que los servicios de optometría, nutrición, dietética, fisioterapia, imágenes diagnósticas, ginecobstetricia, anestesia, cirugía general, medicina interna, pediatría y ortopedia, entre otros, dejarían de prestarse en los municipios con menos de un millón de habitantes.

La resolución de Minsalud no tiene en cuenta que las poblaciones con menos de un millón de habitantes están en la mayor parte del territorio nacional y obliga a sus gentes a viajar a las grandes ciudades, mermándoles sus posibilidades de acceso a los servicios médicos.

Esta es otra muestra de injusticia social y de inequidad del sistema de salud colombiano, pues atenta contra la ya difícil situación económica de su Pueblo, incrementa la pérdida de oportunidad de la atención, aumenta la carga de enfermedad, el riesgo de mortalidad y el sufrimiento evitable.

Por otra parte, empeorará la sobresaturación ya existente de servicios médicos en las grandes ciudades, en donde las citas son dadas hasta 3 y 6 meses después de haberlas solicitado.

En su intento por regular a los hospitales de baja y alta complejidad o prestadores primarios y complementarios, el gobierno define como centros urbanos a las poblaciones con más de un millón de habitantes.

Es decir, solamente son Bogotá, Valle de Aburrá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga con sus áreas metropolitanas, donde vive aproximadamente el 35% de la población, que ocupa apenas un 3% del territorio nacional.

Tal definición obstaculiza el acceso a los servicios de salud del 65% de la población que habita el otro 97% del resto del territorio nacional.

En resumen, la medida:

1) Formaliza practicas malsanas de las EPS y concentra su atención médica en las grandes ciudades para que obtengan mayores ganancias, con lo cual institucionaliza la inaceptable política pro “ánimo de lucro”

2) Atenta contra el derecho integral a la salud, pues aleja los sitios de atención de los de vivienda y trabajo.

3) Vuelve muy difícil y caro el desplazamiento del 65% de la población que vive en el territorio “Rural y Rural disperso”, ya que para llegar a esas ciudades buena parte de sus gentes deben recorrer largas distancias por carreteables, caminos de herradura, ríos o aire, a altos costos.

4) Todo esto se convierte en otra barrera a la cobertura universal, la atención oportuna y la continuidad.

La supresión de los servicios de salud que hoy se prestan en las áreas rurales presionará cada vez más el uso de la alta complejidad en los grandes centros urbanos, aumentará la inequidad entre la periferia y el centro del país, ampliará las brechas socio-económicas y empeorará la calidad de vida de la población más vulnerable.

Con este proyecto de Resolución el gobierno colombiano desconocerá una vez más la Observación General 14 del Comité de Derechos Sociales y Culturales de la ONU del año 2000, la Ley Estatutaria de Salud y todas las sentencias pertinentes de la Corte Constitucional; atentará contra los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de los que Colombia es signataria, en particular el Objetivo 3 que dice:

“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”.

Es necesario divulgar ampliamente esta noticia. Hay que denunciarla con fuerza y hacer que todos conozcan las nefastas consecuencias que traería la aprobación de este nuevo intento del Ministerio de Salud y Protección Social, para fortalecer la contratación entre EPS e IPS de las grandes ciudades que, en contravía de toda consideración social, técnica, constitucional y humana, aumenta las barreras de acceso a la prestación de servicios de salud de los colombianos, especialmente en las comunidades rurales.

Es imprescindible luchar contra su ejecución, por la vida, la dignidad, la salud y la seguridad social a todo lo largo y ancho del país.

Así se traslada a un enfermo de la montaña a Argelia Cauca, a 12 horas de camino y uno de los más difíciles de caminar.

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