Nariño, posacuerdo y conflictividad social

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Territorios como Catatumbo, Cauca, Guaviare, Nariño y Putumayo son hoy referentes de la lucha territorial por mejores condiciones de vida En los territorios se libran batallas que indican tiempos venideros de lucha social y política. Regiones como Catatumbo, Cauca, Guaviare, Nariño y Putumayo son hoy el referente de la lucha territorial por mejores condiciones de vida, por la defensa de los derechos a la tierra y la soberanía alimentaria. La lucha contra la erradicación es un indicador de esta nueva situación.

Existe un elemento cualitativamente diferente en esta coyuntura y es el componente de exigencia de implementación y cumplimiento de lo acordado en La Habana. Sus contenidos han activado la lucha histórica campesina de estos lares y se ven hoy reflejados en los puntos 1 y 4 del acuerdo.

Estos puntos entran a configurar la base programática actual de un campesinado mestizo, afro e indígena, afectado profundamente por las políticas del modelo neoliberal, el cual no le ha dejado otra opción que articularse a economías de subsistencia como la siembra de coca.

Nariño ocupa, según el informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos de la UNODC 2015, presentado en julio 2016, el primer lugar en hectáreas sembradas en Colombia. En él se consigna que “se registró una consolidación de Nariño como primer productor en el país. (…)

El cultivo de coca se ha localizado mayoritariamente en Tumaco, con una tendencia de concentración en la zona fronteriza con Ecuador al sur del río Mira en corregimientos como Llorente y La Guayacana, con énfasis en áreas de manejo especial como el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y al norte del río Mira en resguardos Indígenas como La Turbia, Inda Zabaleta y Gran Rosario, habitados por indígenas Awá”.

(Informe UNODC Colombia 2015, presentado en julio 2016, disponible en: Documento PDF

Esto no es solo un una cifra, esta realidad inocultable en Nariño, afecta a por lo menos 120 mil familias, es decir unas 600 mil personas, lo que representaría el 30% de la población del departamento. Por eso, el problema no puede ser tratado ni por medios coercitivos y de guerra, lo que traería altos costos en afectaciones humanas y materiales, ni por medios paliativos y asistencialistas, que lo que hacen es alimentar la pobreza dependiente y genera frustración cíclica de las comunidades.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y LUCHA DE CLASES TERRITORIAL

Las confrontaciones entre organismos policiales y militares del Gobierno Nacional y campesinos, afrodescendientes e indígenas nariñenses, muestra la tendencia creciente de la confrontación social en la geografía nacional y esta se repetirá en ciclos, a menos que el gobierno y las instituciones del Estado cambien la política de guerra que venían acostumbrados a ejercer durante estos últimos 60 años, que finalizó, por lo menos con las Farc-Ep, con la firma del acuerdo de La Habana.

Si el Gobierno no abre los escenarios para dicha construcción pacífica y dialogada, las comunidades, procesos y organizaciones sociales territoriales no tienen otro camino que acudir al derecho constitucional de la protesta, la cual se plantea pacifica, pero la ofensiva militar y policial, la coloca en situación de confrontación violenta de las partes.

La conflictividad social entra en una etapa de tensión entre lo que se acordó en La Habana y lo que el Gobierno Nacional pretende imponer. Esta tensión se expresa a través de la lucha de clases territorial, microlocalizada y con reivindicaciones ligadas específicamente a los puntos 1 y 4, que en esencia son parte del contenido programático histórico del campesinado (afro, indígena y mestizo).

La protesta y resistencia a la erradicación forzada y violenta no es un hecho fortuito alrededor de una “mata”, estamos ante gérmenes de formas que dan desarrollo a la potencia transformadora de los acuerdos pero que necesitan de mayor coordinación territorial y nacional, amplia visión política e instancias de conducción colectivas, para una mayor correlación de fuerzas que encauce la implementación de los acuerdos de La Habana en su espíritu y esencia: la justica social.

LA COCCAM Y LA LUCHA SOCIAL Y CAMPESINA EN NARIÑO

En Nariño, la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) se convierte en el referente de lucha contra la erradicación forzada y la política de guerra contra el campesinado nariñense. Su liderazgo, basado en el arraigo territorial rural, con una coordinación política y social construida con las bases de los campesinos, afros e indígenas cocaleros y su articulación conceptual y de contenidos al texto de los acuerdos en sus puntos 1 y 4, le han dado la capacidad para asumir la orientación y vocería de diálogos y concertaciones con el Gobierno Nacional.

Ver acuerdo Coccam Nariño del 4 de marzo: Documento PDF

Después de una dura confrontación en la vía al mar, el primer acuerdo firmado el 4 de marzo, retomó la esencia del acuerdo 4 y planteó las fases, pasos y tiempos coherentes con este. Acuerdo que fue construido y concertado con la participación del Gobierno Nacional, departamental, las FARC, la Coccam y representantes de la comunidad para evaluar la hoja de ruta de la implementación del punto 4 de los acuerdos de La Habana.

Pero los incumplimientos del gobierno nacional, la supuesta descoordinación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, llevan a nuevas confrontaciones sociales, como respuesta a la erradicación forzada iniciada el 22 de marzo, acción violatoria de los acuerdos del 4 de marzo.

Ver comunicado de la Coccam Nariño del 27 de marzo en: Documento PDF 

Después de varios heridos graves de parte del movimiento campesino y de un policía del Esmad muerto, se retoma el diálogo y la concertación, que se expresa en la firma de un nuevo acuerdo el 3 de abril en Tumaco.

Ver acuerdo Coccam Nariño del 3 de abril en: Documento PDF 

Si bien la Coccam Nariño ha jugado este papel dinamizador, organizador y vecero de la movilización campesina cocalera, los retos que se vienen son inmensos. Solos y trabajando por separado no podremos afrontar los incumplimientos de este gobierno y su política agresiva contra el campesinado y todo lo que huela a paz, derechos humanos y justicia social.

Se requiere una articulación entre los movimientos sociales, populares y sindicales de Nariño. Se necesita una cohesión del campesinado más allá de la Coccam, lo que significaría la reactivación de escenarios y procesos como la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, construir dialogo y sinergias con escenarios políticos y sociales como la Minga Nariñense por la Paz, y una coordinación y accionar conjunta con el Comité de Impulso para la Veeduría de la Implementación y Desarrollo de los Acuerdos de Paz en el Departamento de Nariño (Comité VIDA Nariño).

Los retos son inmensos y complejos y la unidad una necesidad histórica para construir la paz con justicia social.

Zabier Hernández Buelvas.
Licenciado en Ciencias Sociales.
Especialista en gobierno local y desarrollo.
Correo: alicormo2@yahoo.es

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