LAS GUERRAS CONTRA LA IMPLEMENTACION

pesebrefarcAlfonso Castillo Garzon
Defensor de Derechos Humanos
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Después de toda la propaganda mentirosa que se realizó frente al proceso de paz, con ocasión del plebiscito del 2 de octubre, sobrevino una nueva ofensiva mediática, ahora centro es ocultar el incumplimiento del Gobierno de lo pactado y en todo caso con el claro propósito de desprestigiar la primera fase de la implementación. Esa ofensiva desinformativa, ha estado a cargo de los voceros de la ultraderecha, los cuales se han encargado de intentar desprestigiar a los guerrilleros que han dado el gran paso de abandonar la lucha armada, para intentar la lucha política.

Esta campaña mediática a la que se ha prestado la  gran prensa, ha tenido episodios como el señalamiento que se  hiso para mostrar a guerrilleros en fiestas  y “excesos” en el fin de año,  así como el asunto disidencias, o quizás lo más grave,  el tratamiento irresponsable del tema de los niños en las filas de las FARC, intentando crear un panorama inhumano,  cuando el propio gobierno, no ha dejado conocer el protocolo pactado conjuntamente para el tránsito de estos niños a la vida civil.

Igualmente, no puede verse sino como un sabotaje al proceso de implementación la actitud irresponsable del congreso, donde en la práctica en el avanza una especie de contrareforma, por la modificación al acuerdo, que en la práctica, desdibuja los logros contenidos en el acuerdo final. El Congreso en el debate del procedimiento vía FAST-TRACK, se ha visto todo tipo de vicios y chantajes  para presionar al gobierno, a cambio de prebendas, presupuestos y burocracia, al mismo tiempo el gobierno muestra su falta de voluntad, por un lado al tardarse en la presentación de iniciativas legislativas, y de otro lado, la ausencia de consultas al movimiento social y particularmente a las víctimas, lo que por supuesto contradice la cacareada centralidad de las víctimas en el proceso de implementación.

A la fecha solo han sido aprobadas unas cuantas leyes, justo aquellas que aseguran la desmovilización/dejación de armas, de la guerrilla, más allá de ello es pasmosa la forma en que el gobierno anuncia su intención de presentar proyectos 3 o 4 en RRI, 2 o 3 del acuerdo de participación, la ley de jurisdicción especial, a la fecha nada sobre modificación la ley de víctimas o sobre la perspectiva de géneros y diversidad. La tendencia general en todos los aspectos es que el gobierno guarda hermetismo sobre las normas que se presentarn a debate al congreso, insistimos que este proceder va en contravía del espíritu del acuerdo final de paz, de garantizar cumplir procesos de participación de la sociedad en la implementación.

Igualmente es evidente la falta de voluntad política del gobierno, para cumplir lo pactado, el mejor ejemplo de ello, es la negligencia en la adecuación de los campamentos de las ZVTN, donde la guerrilla, inicia su proceso de incorporación a la vida civil. El atraso y corrupción que el país ha conocido, en la construcción de espacios dignos y oportunos para los guerrilleros, no pueden leerse, sino como un ataque a la implementación porque con ello, solo se lanzan mensajes de desmoralización a quienes han decidido con sinceridad, hacer una apuesta por la culminación de la lucha armada.

Se requiere mayor decisión del Gobierno Nacional, para impulsar procesos transparentes de construcción de las normas para la implementación, así como una actitud más decidida en el cumplimiento de lo pactado, apoyándose en las organizaciones sociales y en todo caso, sacando la implementación del circuito de corrupción, si no se hace esto también se está saboteando el proceso de paz.

Finalmente, a pesar de estas consideraciones que se leen como riesgos y peligros en la implementación, es importante seguir insistiendo, en que el país está asistiendo a un momento de oportunidad para los cambios y transformaciones que requiere el país, sin embargo es bueno insistir que el acuerdo final  de paz, no es en sí un acto transformador, él es en cambió, un detonador de la movilización social, es decir, solo si la sociedad estudia y apropia este acuerdo, lo hace suyo, y promueve un amplio proceso de movilización social y política para exigir cumplimiento de lo pactado con las FARC, además de aprovechar la mesa de dialogo con el ELN, para fortalecer la exigibilidad y cumplimiento de algunos de los elementos de potencial transformación del acuerdo. En ello reside la importancia de este momento excepcional de la historia moderna del país.

Bogotá 18 de Marzo de 2017

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